Cláusulas ambientales obligatorias en los contratos públicos (2026)

¿Qué cambiará a partir de 2026?

A partir de 2026, la integración de consideraciones medioambientales en la contratación pública será obligatoria, de conformidad con Artículo 35 de la Ley n.° 2021-1104, de 22 de agosto de 2021, dicho Derecho del Clima y la Resiliencia

Esta evolución supone un cambio en el régimen jurídico: los requisitos medioambientales ya no son una cuestión de opción o de política de compras, sino que se convierten en una obligación jurídica estructurante de la contratación pública.

¿Está usted afectado por la obligación del 2026?

Usted se ve afectado directamente si:

  • Su contrato vale más de 40.000 € sin IVA
  • Se publica a partir de 2026
  • Se refiere a obras, servicios o suministros
  • Se trata de un procedimiento adaptado o formalizado

 En estos casos se deberá incluir al menos una cláusula ambiental en el expediente de consulta.

Base legal

La reforma se enmarca en el Código de Contrataciones Públicas, en particular:

EL CCAG (revisado desde 2021) especifican que cualquier obligación ambiental debe ser:
 
  • formalizado en los documentos contractuales específicos,
  • verificable mediante métodos objetivos,
  • sujeto a un control efectivo,
  • acompañado de sanciones en caso de incumplimiento.

Fecha de entrada en vigor

La obligación se aplicará a más tardar en Agosto de 2026un decreto que especifica la fecha exacta de entrada en vigor operativa.

En la práctica, se anima a los compradores públicos a prever esto ya en 2025, de conformidad con los objetivos del Plan Nacional de Compras Sostenibles (PNAD), que pretende:
  • 100% de los mercados que incorporan al menos un criterio ambiental,
  • El 30% de los mercados también incluyen un criterio social.

Requisitos mínimos aplicables a todos los contratos públicos

A partir de 2026, todos los contratos públicos y concesiones deberán incluir, como mínimo:

1. Un criterio de adjudicación ambiental

Este criterio debería permitir la evaluación de las ofertas en relación con su desempeño ambiental, por ejemplo:
  
  • emisiones de gases de efecto invernadero,
  • consumo de energía,
  • circularidad de los materiales,
  • impacto sobre los recursos naturales.
Este criterio no puede ser puramente declarativo: debe ser objetivo, ponderado y vinculado a la finalidad del mercado.

2. Una cláusula ambiental para la implementación.

Las condiciones de implementación deben incluir requisitos ambientales relacionados con:

  • energía,
  • los materiales,
  • desperdiciar,
  • transporte,
  • la organización de la obra o del servicio.
Estas cláusulas deben ser:

  • proporcionado,
  • verifiable,
  • controlables durante la ejecución del contrato.

3. Especificaciones técnicas que incorporan el desarrollo sostenible

A partir de la definición inicial de la necesidad (especificaciones técnicas), las especificaciones técnicas pueden imponer:

  • umbrales de rendimiento,
  • características ambientales de los productos,
  • requisitos de trazabilidad o justificación.

Ejemplos de cláusulas ambientales exigibles

Formulación Nivel Condiciones de validez
“Al menos un 30% de materiales reciclados certificados” Especificaciones técnicas Documentos de respaldo necesarios
"Emisiones ≤ X kg CO₂/m²" Condiciones de ejecución Método de cálculo definido
Plan de gestión de residuos con trazabilidad Ejecución Control y sanciones

Un punto clave a considerar: el vínculo con el objeto del contrato

Los requisitos ambientales deben estar estrictamente vinculados al objeto del contrato, en cualquier etapa de su ciclo de vida. 

Se excluyen:
 
  • los requisitos relativos a la política general de RSE de la empresa,
  • compromisos globales no vinculados al servicio prestado.
Este requisito es consistente en la jurisprudencia nacional y europea.

Riesgo en ausencia de una cláusula ambiental

La ausencia de una cláusula medioambiental exigible a partir de 2026 puede dar lugar a:

  • Un debilitamiento jurídico del mercado
  • Un riesgo de procedimiento sumario precontractual
  • Un desafío a la revisión de legalidad
  • Una revisión del procedimiento en caso de disputa

 La obligación no se refiere a la manifestación de una intención, sino a la integración de una cláusula jurídicamente exigible.

Lectura IRICE: de la obligación legal a la exigibilidad

La obligación de incluir cláusulas ambientales no basta por sí sola para garantizar legalmente una decisión pública. Un requisito ambiental solo es exigible si:
  
  1. Se formaliza contractualmente
  2. Se basa en criterios mensurables,
  3. Se verifica mediante un método objetivo
  4. Está sujeto a un control efectivo,
  5. Viene con consecuencias en caso de incumplimiento.
IRICE nunca interviene en la prescripción de las cláusulas.

Su función es evaluar, verificar y certificar de forma independiente la conformidad de un proyecto o servicio con los requisitos explícitos.

¿Cómo transformar la obligación en un criterio ambiental estructurado?

A partir de 2026, el reto ya no será integrar una cláusula, sino definir un criterio ambiental objetivo. Existen dos enfoques posibles:

  • Redacción de una cláusula ambiental aislada
  • Basado en un marco estructurado que incorpora indicadores verificables

Un criterio basado en un marco metodológico reconocido permite:

  • trazabilidad de requisitos,
  • verificabilidad de los compromisos
  •  protección jurídica mejorada.

Basado en un marco de biodiversidad o ambiental

En los contratos de obras o de desarrollo, el criterio ambiental puede referirse, en particular, a:

  • el desempeño de la biodiversidad del proyecto,
  • reduciendo las presiones ecológicas,
  • La calidad ecológica del sitio entregado.

 Las herramientas de evaluación estructuradas permiten objetivar estos criterios y garantizar su verificabilidad.

Apostar por una certificación ambiental que integre la biodiversidad (como Effinature) permite integrar el criterio desde la fase de programación y asegurar su consistencia hasta la entrega.

La puntuación puede utilizarse como criterio de adjudicación, mientras que la certificación puede exigirse como condición para la ejecución del contrato.

Traducción operativa para compradores públicos

En la práctica, la obligación de 2026 transforma el criterio medioambiental en un elemento estructurante de la decisión de adjudicación.

Sin un método de evaluación formalizado, la justificación de la calificación asignada puede volverse frágil en caso de disputa.

La integración de una puntuación objetiva o una certificación independiente permite anticipar este riesgo y asegurar el procedimiento.

Sin un indicador numérico, la justificación de la puntuación asignada a la oferta seleccionada puede volverse frágil en caso de disputa.

Un criterio ambiental ponderado sin un indicador cuantificado complica la demostración de la objetividad de la decisión.

Integrar un criterio objetivo de biodiversidad: un método operativo

A partir de 2026, definir un criterio de biodiversidad en un contrato público implica la implementación de un método de puntuación objetivo.

Una formulación general no permite una comparación homogénea de las ofertas ni justifica la ponderación utilizada.

En este contexto, el uso de una puntuación de biodiversidad estructurada es el método más directamente aplicable como criterio de asignación.

El Índice de Desempeño de la Biodiversidad (BPS) permite: 

  • asignar una calificación cuantificable y trazable,
  • definir una ponderación clara del criterio ambiental,
  • comparar ofertas sobre una base metodológica idéntica,
  • para asegurar la decisión de adjudicación en caso de disputa.

En la práctica, una puntuación estructurada simplifica la redacción de los documentos de licitación y la trazabilidad de la decisión.

Una puntuación numérica transforma un criterio declarativo en un criterio medible, comparable y oponible.

Cuando la comunidad desea ir más allá del único criterio de adjudicación, se puede integrar una certificación ambiental estructurada como condición para la ejecución del contrato.

Ejemplo de integración en un proceso de contratación pública

Criterios de adjudicación:

“El desempeño ambiental del proyecto se evalúa en función de un marco estructurado que incluye indicadores de biodiversidad verificables” 

Métodos de evaluación: 

  • calificación basada en una puntuación objetiva,
  • Verificación independiente posible
  •  trazabilidad de documentos.

Cláusulas ambientales en los contratos públicos 2026

De la obligación regulatoria al método de evaluación:

La obligación de incluir una cláusula ambiental conlleva, en la práctica, la definición de un método de evaluación. Sin un método estructurado, el criterio ambiental sigue siendo declarativo. Con una puntuación o certificación estructurada, el criterio se vuelve medible, comparable y exigible.

Una puntuación puede utilizarse como criterio de adjudicación, mientras que una certificación estructurada puede integrarse como condición para la ejecución del contrato.

¿Por qué un simple criterio declarativo es insuficiente?

Un criterio ambiental basado únicamente en una descripción cualitativa tiene tres limitaciones: 

  • dificultad para comparar objetivamente las ofertas
  • ausencia de un método de puntuación verificable,
  • vulnerabilidad en caso de litigio.

Por el contrario, un criterio basado en un indicador estructurado permite:

  • calificación transparente,
  • trazabilidad de datos,
  •  una verificación independiente.

Una formulación general sin un indicador medible dificulta justificar la ponderación utilizada y la calificación final otorgada.

A falta de un indicador objetivo, la comparación de ofertas se basa en una evaluación cualitativa difícil de defender.

Un proceso de escritura aislado y sin un marco metodológico estructurado hace más complejo justificar la calificación asignada en caso de auditoría o apelación.

Lista de verificación operativa 2026

Antes de publicar, por favor verifique: 

  • La presencia de al menos una cláusula ambiental
  • El vínculo directo con el objeto del mercado
  • La capacidad de controlar y verificar
  • La ausencia de una formulación general o no medible

 Una cláusula no verificable puede considerarse jurídicamente débil.

¿Por qué anticiparse ahora?

A medida que se acerca el año 2026, los compradores públicos están expuestos a varios riesgos:
  
  • cláusulas que sean inoperantes o inaplicables,
  • controversias relacionadas con la falta de conexión con el objeto del contrato,
  • incapacidad de demostrar el cumplimiento ambiental,
  • debilitamiento de las decisiones de asignación.
Anticipar es:
 
  • para asegurar legalmente los mercados,
  • Para que los requisitos medioambientales sean realmente operativos,
  • tener evidencia verificable y utilizable.

Para ir más allá

  • Formulación de contratos públicos
    . Estructuración jurídica de cláusulas ambientales y requisitos contractuales.
  • Debe cumplimiento ambiental
    , independencia, trazabilidad y producción de evidencia ejecutable.
  • Debe evaluar o certificar un proyecto de certificación ambiental y de biodiversidad
    con base en estándares verificables.

Esta página ofrece un resumen legal basado en los textos vigentes y sus interpretaciones consistentes en la fecha de publicación.
El IRICE garantiza el seguimiento regulatorio continuo de las obligaciones ambientales aplicables a la contratación pública.

¿Necesita apoyo metodológico?

El cumplimiento para 2026 ahora requiere un método de evaluación legalmente seguro.

Ella asume:

  • la definición de un criterio ambiental objetivo,
  • la elección de indicadores mensurables,
  • la seguridad jurídica de la calificación.

IRICE puede proporcionar soporte técnico en:

  • la estructuración de un criterio de biodiversidad vinculado a una puntuación (BPS),
  • la integración de la certificación ambiental en el mercado (Effinature),
  •  Análisis de cumplimiento previo antes de su publicación.

Descubra el Índice de Desempeño de la Biodiversidad (BPS)

Integración de la certificación Effinature en un contrato de contratación pública

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